Protocolo de la CEDAW
Card. Francisco Javier Errázuriz
Dictamen enviado por el Card. Francisco Javier Errázuriz, primado de
Chile, a la
Comisión de Relaciones Exteriores del Senado chileno, el 8 de enero de 2002, ante la inminente
ratificación del Protocolo de la
CEDAW
Señor
Presidente, señores Senadores,
Agradezco la
oportunidad que se me brinda de contribuir a la reflexión del Honorable Senado,
aportando el parecer de la Iglesia Católica acerca del
Protocolo Facultativo Para la Eliminación de Toda Forma de
Discriminación de la
Mujer.
La materia
que nos ocupa es de la mayor trascendencia y de gran complejidad. Exige por eso
una mirada profunda y libre de toda consideración ideologizada. Se trata, nada
menos, del reconocimiento de la dignidad y los derechos de la mujer y,
transversalmente, de otros temas también determinantes para la cultura de un
pueblo. Los unos y los otros son asuntos decisivos para el presente y el futuro
de la convivencia en nuestra patria y en sus familias.
La
discriminación de la mujer ha sido – y sigue siendo - una realidad presente en
el mundo entero, y ha marcado el desarrollo de la historia. Por eso, en su Carta
a las Mujeres, en preparación de la IV Conferencia Mundial sobre
la Mujer en
Beijing, Juan Pablo II expresaba: "somos herederos de una historia de enormes
condicionamientos que, en todos los tiempos y en cada lugar, han hecho difícil
el camino de la mujer, despreciada en su dignidad, olvidada en sus
prerrogativas, marginada frecuentemente e incluso reducida a esclavitud. Esto le
ha impedido ser profundamente ella misma y ha empobrecido la humanidad entera de
auténticas riquezas espirituales" (n.3).
En nuestro
país, el reconocimiento del voto femenino, el acceso a la Universidad, la incorporación
progresiva en el campo laboral y político, como asimismo la participación activa
de las mujeres en cargos de gran responsabilidad en los institutos de enseñanza
superior, en las comunas, las empresas, los sindicatos, y en otras instancias de
decisión, de docencia, de investigación y de gestión, han sido otros tantos
pasos sustanciales para eliminar las diversas formas de discriminación que la
mujer ha sufrido en nuestra patria. Pero queda un largo camino por recorrer. Es
cierto, se ha avanzado en la superación de esa discriminación que se refleja en
la desigualdad de oportunidades y retribuciones. Pero superarla plenamente exige
sobre todo una revisión y sustitución de estructuras mentales, de actitudes y
sentimientos. Implica superar - no superficialmente, sino en profundidad - unas
valoraciones erradas que ocultan y oprimen la dignidad de la mujer, su manera de
sentir, de apreciar y de vivir, su misión cultural, y sus aportaciones
insustituibles en el hogar, en las comunidades y en la sociedad.
El
cristianismo tiene conciencia de esta gigantesca tarea. En la mencionada Carta a
las Mujeres, Juan Pablo II escribía que la Iglesia tiene "un compromiso de
renovada fidelidad a la inspiración evangélica, que precisamente sobre el tema
de la liberación de la mujer de toda forma de abuso y de dominio tiene un
mensaje de perenne actualidad, el cual brota de la actitud misma de Cristo. El,
superando las normas vigentes en la cultura de su tiempo, tuvo en relación con
las mujeres una actitud de apertura, de respeto, de acogida y de ternura. De
este modo honraba en la mujer la dignidad que tiene desde siempre, en el
proyecto y en el amor de Dios" (n.3). Este compromiso con el ejemplo de Jesús
une a todas las confesiones cristianas.
Una de las
expresiones más notables de la valoración de la mujer en la Iglesia católica la
encontramos en el lugar privilegiado que ella le ha reconocido a María, la madre
de Jesús, en su relación con Dios y con la humanidad, como también en el
reconocimiento de innumerables mujeres, insignes por su cultura, su
misericordia, su contemplación mística, su espíritu empresarial, su ciencia, y
su influencia en la
Iglesia y la sociedad. Podríamos recordar a notables fundadoras
de congregaciones, a Clara de Asís y a Teresa de Ávila, a Isabel de Hungría y a
Juana de Arco, a Catalina de Siena y a Brígida de Suecia, a Hildegarda de Bingen
y a Edith Stein, y en nuestros tiempos a Teresa de Calcuta, por nombrar sólo a
algunas de ellas. Para nuestra juventud, la ejemplaridad de una joven, Teresa de
Los Andes, es un hito en su camino.
Por lo
mismo, la
Iglesia católica participó activamente en los encuentros
regionales que preparaban la Conferencia Mundial,
propiciando soluciones duraderas a los problemas encontrados, basados en "el
reconocimiento de la dignidad, intrínseca e inalienable, de la mujer, y en la
importancia de su presencia y participación en todas las áreas de la vida
social". Según el pensamiento de la Iglesia, es necesaria la "plena
inserción en la vida social, política y económica", y para ello "es urgente
alcanzar en todas partes la efectiva igualdad de los derechos de la persona y
por tanto igualdad de salario respecto a igualdad de trabajo, tutela de la
trabajadora-madre, justas promociones en la carrera, igualdad de los esposos en
el derecho de familia, reconocimiento de todo lo que va unido a los derechos y
deberes del ciudadano en un régimen democrático". Todo esto, a juicio del Papa,
es un acto de justicia, pero también una necesidad ante los temas más graves que
ya se presentan, tales como el uso del tiempo libre, la calidad de vida, las
migraciones, los servicios sociales, la droga, la eutanasia, la sanidad y la
asistencia, la ecología. La mayor presencia social de la mujer será preciosa y
"contribuirá a manifestar las contradicciones de una sociedad organizada sobre
puros criterios de eficiencia y productividad, y obligará a replantear los
sistemas a favor de los procesos de humanización que configuran la ‘civilización
del amor’ ". También por eso la
Iglesia cree firmemente, fundada en el depósito de
la
Revelación, que debemos "superar y eliminar, como contraria al
plan de Dios, toda forma de discriminación de los derechos fundamentales de la
persona, ya sea social o cultural, por motivos de sexo, raza, color, condición
social, lengua o religión".
Al Papa le
preocupan algunas dimensiones de este tema que nos preocupan a todos nosotros.
Cuando se habla de la superación de todas las discriminaciones, quienes
promueven esta acción tan necesaria, ¿tienen ante sus ojos todo el horizonte de
la dignidad de la mujer y de su misión en el mundo? O el esfuerzo por romper la
barrera de las discriminaciones, lleva a los impulsores de esta noble tarea a
valorar tan sólo los ámbitos que estaban vedados, y a minusvalorar, o a
silenciar del todo, las grandes conquistas de la mujer a lo largo de los siglos?
Un segundo problema se une al anterior. Para abrirle a la mujer el lugar que le
corresponde conforme a su dignidad, ¿los esfuerzos se van a concentrar tan sólo
en el campo jurídico o también en otras dimensiones de la vida y el quehacer
humanos? Y al impulsar los derechos de la mujer, ¿esta acción tan necesaria va a
ocurrir con prescindencia de los derechos de los niños, de los esposos, de la
familia, del cuerpo social?
Como las
conclusiones de las Conferencias Mundiales se han prestado a interpretaciones,
vale la pena recoger la voz de alerta del Santo Padre, ya antes del inicio de
la
Conferencia, acerca de un reduccionismo que aparece con
frecuencia cuando se habla de la discriminación de la mujer. En el tercer punto
de su Mensaje a la
Conferencia Mundial, escribe Juan Pablo II: "Ninguna solución a
los problemas que atañen a las mujeres puede ignorar su papel en el ámbito de la
familia o tomar a la ligera el hecho de que toda vida nueva está confiada
totalmente a la protección y al cuidado de aquella que la lleva en su seno. Para
respetar este orden natural de las cosas, es necesario oponerse a la falsa
concepción según la cual el papel de la maternidad es opresivo para la mujer, y
que el compromiso con su familia, particularmente con sus hijos, impide a la
mujer alcanzar su propio realización personal, y en general, le impide tener
alguna influencia en la sociedad. Hacer que la mujer se sienta culpable por
abrigar el deseo de quedarse en casa y preocuparse de sus propios hijos es un
mal no sólo para estos últimos, sino también un daño para la mujer e incluso
para la sociedad. Por el contrario, habría que reconocer, aplaudir y apoyar con
todos los medios posibles la presencia de la madre en la familia, tan importante
para la estabilidad y el crecimiento de esta célula básica de la sociedad. Por
la misma razón la sociedad necesita recordar a los esposos y padres su propia
responsabilidad por la familia, y debe luchar a fin de que se instaure una
situación en la que ellos no sean forzados por razones económicas a dejar la
propia familia en busca de ocupación". En el número 5 de dicho Mensaje, Juan
Pablo II también alza su voz contra una comprensión individualista y excluyente
de los derechos de la mujer, que la discrimina cuando se produce un embarazo "no
deseado", al poner sobre sus hombros "el fardo más pesado: a menudo el de ser
abandonada a su suerte, o impulsada a poner fin a la vida de su guagua antes de
que ha ya nacido, y a soportar el peso de la propia conciencia, que siempre le
recordará el haber quitado la vida a su propio hijo". (ver
Mulieris dignitatem, n.14).
Dejando
establecido el valor irrenunciable que tienen para la Iglesia los derechos humanos, como
derechos inherentes a las personas según la voluntad del mismo Creador, y por
eso mismo, la superación de la discriminación que sufre la mujer, quisiera
presentar nuestras reflexiones acerca de la materia que nos ocupa, deteniéndome
brevemente en tres temas. En primer lugar, quisiera constatar algunos problemas
que aparecen cuando se examina con serenidad la así llamada "Convención para
la
Eliminación de Toda Forma de Discriminación de la Mujer" (CEDAW) y las
conclusiones de la
Conferencia de Beijing. En segundo lugar, quisiera dejar en
manos de Uds. ciertas conclusiones que se desprenden de la manera de juzgar del
Comité que ha surgido para dar cumplimiento a la Convención, y que debe implementar
los acuerdos del Protocolo Facultativo. En tercer lugar, expondré brevemente las
razones que desaconsejan la aprobación de dicho Protocolo, que ha sido enviado
por el Poder Ejecutivo para el pronunciamiento del Parlamento
La
CEDAW, como primer y principal
instrumento jurídico internacional de derechos humanos que se aboca solamente a
los derechos de las mujeres y reúne principios aceptados internacionalmente
sobre este tema, constituye un paso de gran trascendencia en la reivindicación
de los derechos de las mujeres, que han sufrido – y siguen sufriendo -
discriminaciones dramáticas que requerían de una acción internacional.
La
Convención constituye un real aporte, en cuanto despierta, por
así decirlo, la conciencia de la opinión pública mundial, llamando la atención
sobre la dignidad de la mujer y su igualdad de derechos en cuanto ser humano, y
el necesario camino que debemos hacer para avanzar en el respeto y dignificación
de la misma.
No obstante,
esta Convención tiene problemas que exigen vigilancia. Por una parte, manifiesta
una visión unilateral de la mujer, por no valorar en todas sus dimensiones la
maternidad, y no prestarle suficiente atención a la relación de la mujer con la
familia. Por otra parte, introduce una ambigüedad jurídica, que dificulta su
implementación así como el control de la aplicación, ya que introduce conceptos
nuevos que la misma Convención no define, como son la identidad de "género", y
el concepto de "derechos reproductivos".
La identidad
del género, como la definía recientemente un director de la OMS, es "la convicción personal
íntima y profunda que se pertenece a uno u otro sexo en un sentido que va más
allá de las características cromosómicas y somáticas propias". Esta definición
opta por subjetivizar la identidad sexual, dando paso a la libre elección del
propio sexo, independientemente de la identidad biológica, de hombre o mujer.
Así lleva a pensar que la identidad sexual no es dada sino elegida, y que es
fruto de una serie de condicionamientos externos. Implica la homologación de la
homosexualidad, el lesbianismo, la bisexualidad y la transexualidad, con la
heterosexualidad. Implica más adelante una desnaturalización del mismo concepto
de matrimonio. Es de interés señalar que hace escasos años el Ministerio de
Educación tuvo que retirar un manual de educación sexual que había distribuido,
y que indicaba exactamente la edad en la cual cada adolescente debe elegir su
propio género, es decir, su identidad sexual.
Los derechos
reproductivos, en el lenguaje de la
ONU, recogen el derecho de la mujer al uso de su cuerpo, y
lleva aparejado el derecho al embarazo deseado, esto es a ejercer con total
autonomía la opción de aceptar o no un embarazo en curso, teniendo presente
siempre que continuar con un embarazo no deseado es una de las más graves
expresiones de la violencia de género.
Cuando habla
de derechos reproductivos, esta Convención introduce una reducción del concepto.
Los asocia sólo a lo femenino, en circunstancias que son derechos y deberes de
mujeres y de varones, como asimismo, desde la concepción, del niño que está por
nacer. Una mirada parcial orienta a comprender los derechos de la mujer desde
una óptica individualista, desarraigada de su entorno, y a fundamentar una
abierta discriminación contra otros seres humanos: el niño que está por nacer, y
aun el marido, como es el caso, por ejemplo, en la esterilización.
Estas dos
ambigüedades de la
Convención, en temas de gran gravitación ética y cultural, que
son aclaradas por definiciones que otras autoridades proporcionan, nos inducen a
cuestionar la modalidad de la firma de la Convención por parte de nuestro
país. Mientras numerosos países presentaron reparos e indicaciones al momento de
comprometer su aplicación, los representantes de Chile – a mi entender,
descuidando los deberes propios de su cargo – no presentaron indicación o reparo
alguno, y así no protegieron elementos fundamentales de nuestra cultura,
garantizados por nuestro ordenamiento jurídico. Honra al Senado de
la República
su intervención en este campo con ocasión de la IV Conferencia Mundial sobre
la Mujer, la
cual también fue desatendida.
Recordemos
que según el artículo 2 de la mencionada Convención, los Estados que la
suscriben se comprometen a "adoptar todas las medidas, incluso de carácter
legislativo, para modificar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan
toda forma de discriminación contra la mujer". Las limitaciones de
la
Convención y sus ambigüedades abren las puertas para que
organismos internacionales y sus instituciones, como el Comité instituido por la
misma Convención, puedan presionar a Chile, para que introduzcamos leyes que le
den un marco jurídico a los conceptos mencionados. Aceptar estas presiones es
aceptar las pretensiones de un verdadero colonialismo cultural que no
respetaría, precisamente en el campo de los valores, nuestra soberanía.
Al igual que
otros tratados de derechos humanos, la Convención que Chile aprobó a
fines de 1989 establece un Comité supervisor "con el fin de revisar los
progresos realizados en la aplicación de la presente convención"(art. 17). Está
conformado por 23 mujeres expertas en el área de los derechos de la mujer, que
provienen de distintos países. Para el cumplimiento de sus funciones cuenta
prácticamente con un mecanismo de "supervisión y presentación de informes". La
intención de fondo del procedimiento de informes es mantener a los Estados
Partes atentos al cumplimiento de sus obligaciones internacionales en relación a
la no discriminación de la mujer, del cual deben dar cuenta a la comunidad de
las naciones, dar publicidad a las violaciones de derechos humanos, y presionar
a los gobiernos y a otros responsables de violaciones para que cambien sus
inaceptables prácticas.
El Protocolo
Facultativo fue introducido en 1999 como un instrumento adicional, para hacer
más eficaz la aplicación de la Convención. Tiene por
finalidad introducir aspectos no contemplados en la Convención. Es opcional o
facultativo, porque los Estados no están obligados a ratificarlo, aunque hayan
ratificado la
Convención. Para fundamentar su necesidad, fueron presentados
diversos argumentos. Entre ellos enumero los siguientes: 1. Los mecanismos para
la implementación del CEDAW son inadecuados e insuficientes. 2. El Protocolo
promovería una implementación más efectiva de la CEDAW a través de la ampliación de su
interpretación y de la aplicación práctica de la convención. 3. El Protocolo
podría crear una mayor conciencia pública sobre las garantías internacionales a
los derechos humanos de las mujeres. 4. Además contribuiría a la integración de
los derechos humanos de las mujeres en los programas de derechos humanos de las
Naciones Unidas, al crear una doctrina sobre éstos. 5. Con relación al Comité de
seguimiento de la
CEDAW ampliaría su poder, otorgándole una nueva competencia,
como lo veremos a continuación.
Dos son las
principales herramientas que el Protocolo Facultativo pone en manos del Comité
para velar por la superación de la discriminación de la mujer.
a. La
primera consiste en asegurar a las personas y a los grupos que pertenezcan a los
Estados Partes de este Protocolo la posibilidad de recurrir al Comité si han
sido objeto de discriminación por el Estado en relación a cualquiera de los
derechos enunciados en la Convención. Todo Estado
Parte reconoce la competencia del Comité para recibir y considerar dichas
comunicaciones. El Comité actúa conforme a su autoridad moral, con amplias
facultades para investigar y solucionar los casos de las violaciones
denunciadas.
b. La
segunda herramienta se refiere al contenido de la Convención. Quienes
promovieron la aprobación del Protocolo expresaron claramente la necesidad de
hacer más efectiva la implementación de la CEDAW a través de la ampliación de su
interpretación y de la aplicación práctica de la Convención". Es más, esperaban que
el Protocolo conduciría a "crear una doctrina" sobre los derechos humanos de las
mujeres. El estudio que citamos del Instituto Interamericano de Derechos Humanos
explica el art. 2 del Protocolo con las siguientes palabras: "El art. 2 hace
referencia a las violaciones de ‘cualquiera de los derechos enunciados en
la
Convención’. Esta frase indica que el procedimiento para
denuncias se aplica a todas las disposiciones sustantivas de la Convención (art. 2-16).
Sin embargo, un derecho que no está enunciado explícitamente en la Convención podría estar
dentro del campo de aplicación del Protocolo Facultativo si puede ser: (i)
derivado de uno o más de los derechos que están reconocidos explícitamente; (ii)
interpretado como una precondición para el gozo de un derecho reconocido; o
(iii) definido como un aspecto específico de un derecho que está enunciado en
términos más generales".
Lo ya
expuesto nos devela que la ratificación del mencionado Protocolo trae consigo
múltiples, variadas e impensadas consecuencias. Estas aparecen con mayor
claridad si examinamos las recomendaciones que hasta ahora ha hecho el Comité,
porque la interpretación de las cláusulas de un convenio aparece con meridiana
claridad en la aplicación que de ellas se hace. Por eso, examinando dichas
recomendaciones podremos saber de qué manera entiende el Comité los artículos de
la
Convención, como también de qué manera entiende sus propias
facultades de interpretar los derechos de la mujer; sobre todo aquellos de
ambigüa formulación en la
CEDAW. Así podremos investigar si los parámetros valóricos con
los cuales el Comité interpreta la Convención corresponden o no a los
nuestros, y a los de los demás Estados firmantes.
El concepto
de familia
El artículo
5 de la convención establece que "los Estados Partes tomarán las medidas
apropiadas para modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y
mujeres con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas
consuetudinarias, y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la
inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones
estereotipadas de hombres y de mujeres". Una disposición como la anterior busca
medidas apropiadas para modificar los patrones socioculturales de conducta y
cambiar las estructuras tradicionales de familia. Así lo evidencia el informe
referente a Chile del año 1999, donde el Comité manifiesta su preocupación por
la persistencia en nuestro país de conceptos estereotipados y actitudes
tradicionales sobre el papel de las mujeres y los hombres en la sociedad. Es así
como recomienda al gobierno que promueva el "cambio de actitudes y percepciones,
tanto de las mujeres como de los hombres, en cuanto a sus respectivos papeles en
el hogar, la familia, el trabajo y la sociedad en su conjunto" y "apoye
enérgicamente leyes que autoricen el divorcio". Constituye esto una clara
intromisión en nuestra cultura y en nuestra legislación, en base a conceptos de
matrimonio y de familia – tan diversos en las diferentes culturas – que nadie ha
legitimado, sin tacto pedagógico alguno, y con un conocimiento del todo
insuficiente de nuestras raíces y de nuestra evolución cultural. No le faltaba
razón a quien afirmaba que no hay peor discriminación que la opresión y la
dictadura culturales.
El aborto
como derecho
Ni
la
Convención ni el Protocolo abogan explícitamente por la
legalización del aborto. Los artículos 12 y 14 de la Convención sólo buscan
explícitamente "asegurar el acceso a los servicios de atención médica,
incluyendo aquellos relacionados con la planificación familiar". Hoy, la
experiencia ha demostrado con creces que los conceptos de "salud reproductiva" y
de "planificación familiar" incluyen el acceso a servicios de aborto seguro,
exento de toda penalización. Más aún, el Comité es tajante al establecer que "la
negativa de un Estado Parte a prever la prestación de determinados servicios de
salud reproductiva en condiciones legales, resulta
discriminatoria".
El informe
respecto de Chile elaborado en 1999 es ilustrativo para comprender los conceptos
que guían al Comité. Manifiesta "su preocupación ante el inadecuado
reconocimiento y protección de los derechos reproductivos", en particular por
las leyes que prohiben y penalizan toda forma de aborto. "El Comité considera
que esas disposiciones violan los derechos de todas las mujeres" y recomienda
que la legislación relacionada con el aborto sea enmendada, en "particular con
el objeto de proporcionar abortos en condiciones de seguridad y permitir la
interrupción del embarazo por razones terapéuticas, incluida la salud mental"...
"También pide al gobierno que refuerce las medidas encaminadas a la prevención
de embarazos no deseados, incluso ampliando la disponibilidad sin restricciones
de medios anticonceptivos de toda índole" ... incluyendo "la esterilización de
la mujer sin consentimiento del cónyuge".
Estas
afirmaciones no se sostienen en si mismas en una sociedad comprometida con los
derechos humanos de todos los seres humanos, lo que conlleva un aprecio no sólo
del individuo sino también de su vocación y sus deberes sociales. Los derechos
de cada uno también incluyen el derecho y el deber de velar por la vida de los
demás. ¿Acaso es posible construir la convivencia social donde los derechos
humanos de la mujer –o del varón- se pasan a llevar los derechos del cónyuge o
del hijo que está por nacer?. Ciertamente esto cuestiona radicalmente el
concepto antropológico que emerge en los planteamientos del Comité. No podemos
comprender al hombre o a la mujer en su mera individualidad, sin su vocación
radical y gratificante al nosotros. Son seres sociables, y su felicidad depende
del intercambio con los demás, con quienes vive, en quienes vive y para quienes
vive.
La
prostitución
El artículo
11 de la
Convención sostiene que existe el derecho a elegir libremente
profesión o empleo. El Comité de la CEDAW ha incluido la "prostitución
voluntaria" en este concepto, como lo revela la recomendación hecha por dicho
Comité al Principado de Liechtenstein, al pedirle que proceda a revisar la ley
relativa a la prostitución para que no se penalice a las prostitutas. Sin
embargo, el Comité no se plantea otra pregunta: ¿no existirán "profesiones" que
son en sí mismas una discriminación de la mujer? ¿Basta con el hecho de
practicarlas "voluntariamente" para que dejen de ser
discriminatorias?
Conclusiones.
La lucha
contra la discriminación de la mujer debe darse resueltamente. El respeto a la
dignidad de la mujer, unido a la apertura de todos los espacios para que la
mujer pueda entregar sus aportaciones propias a nuestra cultura, excesivamente
masculinizada, es una necesidad de primer orden. Con razón escribía Juan Pablo
II: "si bien es necesario continuar este camino, estamos convencidos que el
secreto para recorrer libremente el camino del pleno respeto de la identidad
femenina no está solamente en la denuncia, aunque necesaria, de las
discriminaciones y de las injusticias, sino también, y sobre todo en un eficaz e
ilustrado proyecto de promoción, que contemple todos los ámbitos de la vida
femenina, a partir de una renovada y universal toma de conciencia de la dignidad
de la mujer".
Pero este
intento, en una sociedad globalizada como la nuestra, va acompañado de otras
corrientes culturales que lo dañan. Podemos constatar de qué manera interviene
en este ámbito una tendencia desenfrenadamente individualista, es decir, una
opción por la realización de sí a costa de los derechos de los demás; una visión
de la sexualidad que la ha desprendido de la unión conyugal, de la fidelidad y
de la responsabilidad procreadora; una vacilación alarmante acerca de la
identidad de la familia y de su valor en la formación de las personas y de la
sociedad; una tendencia a la imposición de modelos, carente de toda reflexión
evolutiva, diferenciada y pedagógica.
El mismo
fenómeno de la globalización, sobre todo en sus implicaciones culturales, merece
una especial atención. Puede facilitar un mutuo enrique-cimiento de las culturas
y de los pueblos. Pero también puede promover una nivelación cultural, con una
pérdida irreparable de la riqueza de un mundo pluricultural. Es más, puede ser
un vehículo de avasallamiento cultural por parte de grupos audaces, deseosos de
imponer sus propias convicciones valóricas, o de promover la destrucción de
otros sistemas culturales que no comprenden ni toleran. Unos parámetros
culturales como los descritos recomiendan una gran cautela a la hora de acogerse
a un mecanismo de control externo.
Es cierto,
se asevera que la eventual ratificación del Protocolo Facultativo no implicaría
una cesión de atribuciones jurídicas al Comité que creó la Convención, si bien
nadie puede asegurar que éste no será un nuevo paso hacia la creación de un
Tribunal internacional con atribuciones jurídicas. Al menos el procedimiento
aprobado no está lejos de ello. Pero la aplicación y la ratificación del
Protocolo, como lo hemos visto, presenta graves problemas.
Crea un
precedente jurídico inaudito e inadmisible, cual es el de introducir en un
Convenio, mediante su interpretación y la aplicación de sus cláusulas,
contenidos que fueron expresamente excluidos del Convenio por parte de un gran
número de Estados que lo aprobaron. Tal es el caso del aborto.
De hecho
deja en manos de un Comité, cuyos parámetros valóricos no están definidos, e
indirectamente en manos de los grupos que más influencia ganen para conseguir
que sus miembros integren el Comité, la creación de una doctrina y la formación
de una opinión pública internacional, en una materia de gran trascendencia para
el derecho, la cultura y la vida de los pueblos.
Significa
manifestar la desconfianza del Estado en sus propias instituciones y en su
desarrollo cultural y jurídico. Ratificar el Protocolo es, de hecho, someterse
libremente a las recomendaciones de un Comité y a presiones internas y externas
de la opinión pública, conscientes de que el país ya ahora no reconoce la
validez o la oportunidad de todos los dictámenes hechos por el Comité, cuyos
parámetros valóricos discrepan del acuerdo del Honorable Senado del 9 de agosto
de 1995 y de su vigorosa defensa de la familia y de la vida.
El mal ya
está hecho, y sólo una Conferencia Mundial patrocinada por las Naciones Unidas
podría repararlo. La indefinición de algunos conceptos muy debatidos,
multiplicados en las Conferencias posteriores, ha creado un ambiente de
inseguridad en la aplicación de la CEDAW. Un Comité que no vela
solamente por la implementación de cláusulas aprobadas e inequívocas, sino
también por su interpretación y su ampliación, sin que se haya procurado definir
sus parámetros valóricos, sólo aumenta esta inseguridad. Apoyar este
procedimiento mediante la ratificación del Protocolo Facultativo no es el camino
que lleve a superar la discriminación, considerando adecuadamente la justa
pluralidad cultural de las naciones y de los pueblos.
Concluyo.
Nada obliga a nuestro país a ratificar el Protocolo Facultativo. Nada justifica
que nuestro país no crea en su propia capacidad de superar la discriminación de
la mujer, y pida para ello un control externo, con parámetros foráneos. Nuestras
instituciones públicas bien pueden asumir la responsabilidad de buscar caminos
para que la dignidad de la mujer sea plenamente reconocida y sus derechos
respetados. Somos un Estado soberano no sólo porque hacemos respetar nuestras
fronteras, y porque proclamamos el legítimo derecho de autodeterminación de los
pueblos por los caminos de la justicia, el desarrollo y la paz. Lo somos también
porque somos capaces de respetar y hacer respetar, de enriquecer y de
desarrollar nuestra propia cultura y nuestro camino de progreso humano, y de
responder así a las inquietudes más profundas de las mujeres, y de todos los
ciudadanos de nuestra patria, promoviendo vigorosamente entre nosotros una
legislación que respete los derechos humanos de todos, y un modo de convivir que
sea solidario, fraterno y justo, a la vez que chileno.
+ Francisco Javier Errázuriz Ossa
Presidente de la
Conferencia episcopal
Valparaíso,
8 de enero de 2002